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Destacados Agenda 2030 del Consejo de Ministros del 08.03.19

March 08/Notícies

En esta publicación semanal, encontrarás las políticas y medidas vinculadas al compromiso de España con la Agenda 2030 de los correspondientes Consejo de Ministros.

  • MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL E INCENTIVOS AL EMPLEO

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas urgentes que amplía la protección social, establece diversos incentivos para la empleabilidad y garantiza la calidad en el empleo.

El objetivo del Real Decreto-ley es dar la cobertura necesaria a personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad como es el caso de los parados de larga duración, pensionistas, jóvenes, inmigrantes y determinados colectivos de trabajadores.

Entre las novedades, destaca la recuperación de la edad de 52 años para el subsidio por desempleo, el incremento de la cuantía de las prestaciones familiares y de la pensión mínima de Incapacidad Permanente Total para quienes tienen menos de 60 años.

En materia de incentivos al empleo, se establecen bonificaciones a la contratación de las personas en desempleo de larga duración; la reducción de las cotizaciones de los trabajadores asalariados del Sistema Especial Agrario y un plan de conversión a contratos indefinidos o fijos discontinuos de este colectivo. Además, se impulsan medidas para la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores fijos discontinuos en sectores con un alto grado de temporalidad por estar vinculados a la actividad turística.

Protección social para los colectivos más vulnerables

España presenta un alto nivel de riesgo de pobreza, especialmente acusado en la infancia, un 8% superior al existente en el del resto de países de la Unión Europea, según Eurostat.

El Real Decreto-ley se enmarca en la urgencia de promover actuaciones que reduzcan el riesgo y los niveles de desigualdad. Entre otras medidas, el texto establece el incremento de la asignación económica por hijo a cargo que pasa a 341 euros anuales, con carácter general, y que aumenta hasta 588 en el caso de personas con menores ingresos.

Asimismo se introduce una bonificación de la que podrán beneficiarse aquellas empresas que contraten a personas que lleven desempleadas más de un año, siempre que el empleo se mantenga al menos 3 años. La bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social se mantendrá durante 3 años y ascenderá a 108,33 euros/mes, 125 euros/mes cuando el contrato se haga a una mujer.

Por otra parte, la Seguridad Social incrementará la cuantía mínima de la pensión de Incapacidad Permanente Total para menores de 60 años, que se sitúa en 6.991,60 euros si es con cónyuge a cargo y unidad económica unipersonal, y 6.930 € para las personas con cónyuge no a cargo. Este aumento tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2019.

Se recupera el subsidio para mayores de 52 años

Los parados mayores de 52 años podrán acceder al subsidio por desempleo que hasta ahora se reservaba a los mayores de 55 años. Esta prestación, que beneficiará a cerca de 380.000 personas, podrá percibirse hasta que se cumpla la edad ordinaria de jubilación, y no hasta el momento en que se pueda acceder a cualquier modalidad de pensión contributiva de jubilación, como ocurría hasta el momento.

Asimismo, se deja de tener en consideración la renta familiar para el acceso al subsidio; se incrementa la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación del 100% al 125% durante la percepción del subsidio, y se eliminan los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando proviene de un trabajo a tiempo parcial.

Fondo de integración de los inmigrantes

En materia de inmigración se recupera el Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que fue eliminado en el 2012. Este fondo, cuya dotación presupuestaria para el ejercicio 2019 será de 70 millones de euros, es el instrumento necesario para articular la colaboración entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y poder garantizar la integración en la sociedad española de la población inmigrante.

Esta dotación presupuestaria se destinará a financiar las actuaciones que permitan el desarrollo conjunto de una estrategia de integración de inmigrantes, solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional, para garantizar la cohesión social, dar respuesta al desafío de los nuevos flujos migratorios y garantizar el respeto de los derechos y obligaciones internacionalmente reconocidos.

Otros incentivos laborales

Las empresas dedicadas al turismo que amplíen los periodos de ocupación y cotización de sus trabajadores fijos discontinuos también podrán beneficiarse de una bonificacion en sus cuotas. En concreto, aquellas que inicien o los mantengan en alta en los meses de febrero, marzo y abril podrán aplicarse una bonificación del 50% en sus cuotas por contingencias comunes, por desempleo, FOGASA y formación profesional de esos trabajadores.

A los trabajadores agrarios por cuenta ajena que en 2018 realizaron un máximo de 55 jornadas reales se les aplicará una reducción del 14,6% en sus cuotas en los periodos de inactividad.

La medida tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero. De esta forma, este colectivo, al que se autorizó retrasar sin recargo el abono de sus cuotas de los primeros cuatro meses del año hasta junio, va a hacer frente a sus obligaciones con la Seguridad Social de todo el año 2019 con las nuevas cuantías reducidas.

El Real Decreto-ley incorpora asimismo un Plan para impulsar que las empresas conviertan en indefinidos o en contratos fijo-discontinuos los contratos temporales de los trabajadores agrarios por cuenta ajena. En estos casos, se va a bonificar la cuota empresarial por contingencias comunes durante dos años. La cuantía de esa bonificación puede llegar hasta los 40 euros/mes por trabajadores encuadrados en el grupo 1 que cobren menos de 1.800 euros y trabajen todo el mes. En el caso de las mujeres, la bonificación será mayor, de hasta 53,33 euros al mes.

Este conjunto de medidas en materia de protección social incluye que los artistas puedan solicitar la situación de inactividad en cualquier momento del año, siempre y cuando acrediten, al menos, 20 días en alta con prestación real de servicios en el año anterior.

Acceso más fácil a la Garantía Juvenil

Otra de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros es la modificación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), regulado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre.

Esta modificación pretende dar mayor seguridad jurídica a los jóvenes a la hora de inscribirse en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El objetivo es evitar la posible incertidumbre acerca del límite del 20% de la tasa de desempleo (EPA) del colectivo de personas de entre 25 y 29 años. Se trata de simplificar y clarificar los requisitos para la inscripción en lo relativo a la edad.

Las medidas aprobadas optimizan además la gestión de los fondos procedentes del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo de Garantía Juvenil, y afectan tanto a órganos de la Administración General del Estado como a órganos de las comunidades autónomas.

Medidas contra la precariedad laboral

El Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros modifica el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores para establecer la obligatoriedad de registrar el inicio y la finalización de la jornada laboral. De esta forma, se garantiza el cumplimiento de los límites del horario de trabajo y se posibilita el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se facilita, así, la resolución de discrepancias en cuanto a la jornada y por tanto, sobre el salario. Con esta fórmula, se sientan las bases para acabar con uno de los elementos que precarizan las relaciones laborales y se reconoce el papel de la negociación colectiva.

De manera complementaria, se modifica el texto de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), para tipificar como infracciones en el Orden Social las derivadas de incumplimientos relativos al registro de jornada.

Otra de las novedades que incorpora la norma es la constitución del grupo de expertas y expertos para la elaboración del nuevo Estatuto de los Trabajadores. Se da cumplimiento al compromiso asumido con los interlocutores sociales.

La norma central que rige las relaciones laborales debe actualizarse de forma urgente para incorporar los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo -la elevada tasa de desempleo y la alta temporalidad- y el impacto en nuestro mercado laboral de las transformaciones digitales, la globalización, los cambios demográficos y la transición ecológica, así como la necesidad de restablecer el equilibrio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y trabajadoras.

Con la aprobación de este Real Decreto-ley el Gobierno da un nuevo paso en su compromiso con la "Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible" de Naciones Unidas, dado que las diversas medidas que incluye la norma tienen un impacto directo en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman dicha Agenda 2030. En concreto, tales medidas guardan relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible números 1 (poner fin a la pobreza), 5 (lograr la igualdad entre los géneros), 8 (trabajo decente y crecimiento económico inclusivo) y 10 (reducir las desigualdades).

·PLAN ANUAL DE POLÍTICAS DE EMPLEO

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha presentado en el Consejo de Ministros, el Plan Anual de Política de Empleo 2019 para su aprobación. El Plan, que concreta la Estrategia Española de Activación para el Empleo, está dotado con 5.794 millones de euros, con cargo en su totalidad al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). Una cantidad equivalente a la de 2018 al haberse prorrogado el presupuesto. De esta cantidad total, 2.317 millones de euros serán distribuidos entre las comunidades autónomas, lo que representa un 9% más que en 2018, tras la reordenación de diversos créditos del Sepe para priorizar la activación para el empleo.

En la elaboración del Plan se han tenido en cuenta como factores importantes los compromisos adquiridos por España en el marco de Unión Económica y Monetaria, el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y el Plan de empleo para personas paradas de larga duración (que se encuentra en proceso de elaboración), así como, el resultado de la segunda evaluación de la Red de Servicios Públicos de la UE.

El Plan concreta, para el ejercicio 2019, los objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 a alcanzar en el conjunto del Estado y en cada una de las comunidades autónomas así como los indicadores que permiten conocer y evaluar el grado de cumplimiento de los mismos.

Objetivos del Plan 2019

Una de las novedades más significativas que incorpora el PAPE 2019 es que, en cumplimiento de la EEAE 2017-2020, recoge los Objetivos Clave que utiliza la Red de Servicios Públicos de la UE para evaluar el desempeño de todos ellos.

Los objetivos-clave coinciden con los aprobados por el Parlamento Europeo de reducir el desempleo, aumentar la activación y reducción de los periodos de desempleo, mejorar la participación de los servicios públicos de empleo y mejorar el grado de satisfacción de los empleadores y demandantes de empleo.

Además, incluye los Objetivos Estratégicos o prioritarios, en los que se presta mayor atención y esfuerzo durante un periodo de tiempo. Estos Objetivos son promover la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes; potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, promover una oferta formativa dirigida a las necesidades del mercado laboral, mejorar el desempeño de los servicios públicos de empleo y, por último, abordar las políticas de activación desde una perspectiva que tenga en cuenta la dimensión sectorial y local.

Asimismo, como en años anteriores, el PAPE 2019 incluye 6 tipos de Objetivos Estructurales para mejorar la atención a los usuarios de los Servicios Públicos de Empleo.

Servicios y Programas de las políticas activas de empleo

El Plan Anual de Política de Empleo 2019 es el instrumento de coordinación anual por excelencia de la gestión de las políticas de empleo e incluye un total de 637 servicios y programas de políticas de activación para el empleo, frente a los 620 de 2018, que serán desarrollados bien por las comunidades autónomas o por el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos competenciales.

Los requisitos para estos servicios y programas son los siguientes:

  • Deben ser servicios y programas de políticas activas de empleo o intermediación laboral a desarrollar en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
  • Deben ser gestionados mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otro instrumento ajustado a derecho.
  • Al menos una parte del servicio o programa se ejecutará durante el 2019, de forma que puedan identificarse beneficiarios en ese año, sin perjuicio de que el servicio o programa pueda continuar desarrollándose en años posteriores.
  • Relevancia: dar respuesta a problemas del mercado laboral previamente diagnosticados e identificados adecuadamente.
  • Pertinencia: estar dotados de los elementos que permitan valorar metas, fines y resultados con claridad y concreción.
  • Coherencia interna: consistencia con el resto de elementos que integran el Plan 2019 (ejes, objetivos estratégicos, objetivos estructurales).

El grado de cumplimiento de estos tres bloques de objetivos, acordados con las CCAA en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, determinará el reparto de fondos para ellas.

Como novedad de este Plan hay que destacar que se ha conseguido una gran simplificación y racionalización de los indicadores que han quedado reducidos a 22 de los más de 50 existentes anteriormente, y se ha simplificado su cálculo con la eliminación de duplicidades.

  • DISTRIBUÍDOS 2.020 MILLONES DE EUROS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

El Consejo de Ministros ha acordado aprobar la distribución de fondos de 2019 a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo, incluidos los destinados a la ejecución del plan de choque por el empleo joven, por un importe de 2.019,8 millones de euros. Esta cantidad supone el 95% del importe que recibieron en 2018, lo que permite la disposición efectiva de los fondos con anticipación para una mejor ejecución de los mismos.

Además, está previsto distribuir una cantidad adicional de 297 millones de euros en el mes de abril. De este modo, la intención es distribuir un total de 2.317 millones de euros en 2019, que supone un aumento del 9% respecto a los 2.126 millones de euros asignados en el 2018.

Los criterios de distribución ya fueron aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada en Madrid el 20 de diciembre de 2018 para un periodo de tres años, lo que va a permitir a las comunidades autónomas la celebración de convocatorias plurianuales, que facilita y da utilidad a la ejecución de las políticas activas.

La distribución de fondos se acordó en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del 21 de febrero de este año: casi 2.020 millones de euros para las comunidades autónomas con cargo en su totalidad al presupuesto prorrogado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Las comunidades autónomas han dispuesto este año de la certificación de los fondos a principios de año, lo que ha permitido que por primera vez desde el año 2011 se hayan podido distribuir el 95% de los fondos asignados en una fecha tan temprana.

·DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA MOVES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se otorga la concesión directa de ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES), dotado con 45 millones de euros.

El programa está coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y será gestionado por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán realizar convocatorias en sus respectivos territorios para el reparto de los importes que les han sido asignados y distribuir las ayudas entre los beneficiarios finales.

Como criterio objetivo de reparto territorial, se ha tomado como referencia el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE) entendiendo que se trata de un referente estrechamente ligado a la movilidad. Este criterio fue consensuado en la última Conferencia Sectorial de Energía, órgano de coordinación entre MITECO y las administraciones autonómicas en materia de energía que se celebró el pasado 25 de febrero en la sede de este ministerio.

Programa MOVES para la movilidad eficiente y sostenible

Está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo.

Pueden ser beneficiarios de las ayudas MOVES profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas vinculadas a ellas, así como las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Las ayudas deberán distribuirse así: entre un 20% y un 50% será para la adquisición de vehículos alternativos. Entre un 30% y un 60% para la implantación de infraestructuras de recarga (de este último porcentaje, como mínimo el 50% debe destinarse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida). La implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas deberá suponer entre el 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar desde un 0% hasta un 10%.

Los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos oscilan entre los de 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros.

En paralelo, se exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de mil euros en la factura, excepto para las compras de cuadriciclos y motos. Así, los potenciales beneficiarios de la ayuda estatal contarán con un incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible.

Los incentivos para vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, dado que las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo.

En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30 % o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros.

Por último, MOVES fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.

Reducir emisiones y el consumo de combustibles fósiles

Además de para impulsar la movilidad eficiente, el Programa MOVES constituye una herramienta para hacer frente al incremento de emisiones de CO2 (principal gas de efecto invernadero) promoviendo la reducción del consumo de combustibles fósiles en el transporte. En España, el incremento de esas emisiones fue inusualmente alto en el año 2017, con un incremento interanual del 4,4%, el mayor registrado desde el 2002.

El sector transporte consume el 42% de la energía final en nuestro país. De este porcentaje, el 80% corresponde al transporte por carretera que depende de los derivados del petróleo en un 95%. Estas cifras muestran la necesidad de incidir en la reducción de emisiones de CO2 promoviendo una movilidad urbana sostenible, incentivando la renovación del parque de vehículos hacia aquellos que utilicen energías alternativas y promocionando modos de movilidad más eficientes.

Origen y legislación

La partida de 45 millones destinada al Programa MOVES fue consignada al IDAE en los presupuestos de 2018 con el objeto de financiar "actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso a energías alternativas, incluida la disposición de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos".

Las bases reguladoras del Programa fueron aprobadas por el Real Decreto 72/2019 que se publicó el 17 de febrero en el BOE. En él se establece el objetivo de dos meses para que las comunidades y ciudades autónomas lleven a cabo las convocatorias de ayudas, la resolución definitiva el pago a los destinatarios últimos del programa.

El Programa MOVES se enmarca en el ámbito de incidencia de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa del 22 de octubre de 2014, que establece que los Estados miembros deben desarrollar un Marco de Acción Nacional específico para implantar las energías alternativas en el transporte y su infraestructura vinculada, dentro de la agenda europea para una movilidad más limpia, segura y conectada y su "Clean Mobility Package".

  • CONVENIO CON GUINEA RELATIVO A LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Guinea relativo a la cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia.

Las autoridades de España y la República de Guinea han mantenido contactos con vistas a concluir un convenio bilateral en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia. Este Convenio responde al reconocimiento, por parte de ambos países, de la importancia de profundizar y desarrollar la cooperación en materia de lucha contra la delincuencia en sus diversas manifestaciones.

El Convenio, estructurado en un preámbulo y quince artículos, regula los aspectos más importantes que interesan en la cooperación en este ámbito, especificando con gran detalle los delitos a los que se extenderá la misma. Son especialmente relevantes las previsiones relativas a la lucha contra el crimen organizado, con referencia específica al terrorismo, así como la colaboración en la actividad operativo-investigadora de las distintas modalidades delictivas. Su contenido se resume a continuación:

  • El artículo 1 determina el objetivo de la cooperación, que es el ámbito de la delincuencia, especialmente en sus formas organizadas, y detalla las áreas de colaboración.
  • El artículo 2 recoge los campos en los que se producirá el intercambio de información y la prestación de ayuda en la actividad operativa de investigación.
  • El artículo 3 detalla las formas en las que se realizará la cooperación.
  • El artículo 4 establece el procedimiento de colaboración para la consecución de los objetivos establecidos en el Convenio.
  • El artículo 5 señala la no afectación del Convenio a la prestación de asistencia judicial en materia penal y de extradición.
  • El artículo 6 señala los órganos competentes para la misma.
  • El artículo 7 hace referencia a las vías de comunicación de la cooperación y a su financiación.
  • El artículo 8 establece la posibilidad de rechazar la solicitud de intercambio de información por amenaza a su soberanía, a los intereses del estado y a los principios fundamentales de del ordenamiento jurídico, y la necesidad de motivar dicho rechazo.
  • El artículo 9 pormenoriza los mecanismos del intercambio de información.
  • El artículo 10 establece la posibilidad de creación de una comisión mixta para el examen y evaluación de la cooperación expresada en el Convenio y prevé su composición, la periodicidad anual de reuniones, alternativamente en España y Guinea, y el reparto de los gastos derivados.
  • El artículo 11 regula la negociación de las posibles controversias entre las Partes.
  • El artículo 12 hace mención a la no afectación del Convenio a otros acuerdos o compromisos asumidos por las Partes.
  • El artículo 13 prevé la aprobación de otros acuerdos para el desarrollo práctico del Convenio y los términos para su revisión.
  • El artículo 14 prevé la entrada en vigor del Convenio.
  • El artículo 15 hace referencia a la duración indefinida del Convenio y a su posible denuncia por vía diplomática por cualquiera de las Partes.
  • ·TRES ADENDAS A LOS CONVENIOS CON ENISA PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO Y LAS PYMES TECNOLÓGICAS

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la suscripción de tres adendas a los convenios suscritos con la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) para el desarrollo de las Líneas Pyme, Empresas de Base Tecnológica (EBT) y Jóvenes Emprendedores correspondientes al ejercicio 2018. Con estas adendas se adecúan los créditos comprometidos a los finalmente dispuestos.

En 2018 ENISA ha aprobado la financiación de 534 operaciones con una inversión de 74,5 millones de euros para impulsar la creación y el crecimiento de empresas. En cuanto a la inversión inducida, por cada euro de ENISA se moviliza 1,52 euros. Por comunidades autónomas, Cataluña se sitúa en primer lugar por volumen de inversión (38%), seguida de Madrid (28%), Valencia (9%) y Andalucía (7%).

A través de ENISA, el Ministerio de Industria actúa en la fase inicial de la labor emprendedora, donde existen problemas de acceso a la financiación de la pyme. La financiación se ofrece a través del préstamo participativo de ENISA, único instrumento financiero con estas características en los ámbitos del emprendimiento y la innovación empresarial a nivel nacional.

La cartera histórica de ENISA asciende a más de 5.900 préstamos para un total de 5.400 empresas, con una inversión de más de 910 millones de euros.

Impacto de las líneas ENISA en 2018

Línea Pyme

Se han aprobado 365 operaciones por más de 55 millones de euros. El 70% de estos préstamos corresponden a empresas en fases maduras, contribuyendo así a su crecimiento y expansión de empresas innovadoras y vocación global. Los sectores industriales encabezan el ránking por volumen de inversión (40%), destacando los proyectos de modernización de manufacturas, alimentación y textil. A continuación, se sitúa el sector TIC (35%) con el desarrollo de nuevos modelos de negocio en e-commerce, turismo, e-health, software o fintech. En cuanto a inversión inducida, por cada euro que ENISA dedica a esta línea se movilizan 1,45 euros.

Línea de Empresas de Base Tecnológica (EBT)

Se han aprobado 77 operaciones por más de 14 millones de euros. Cerca del 80% de estos préstamos corresponden a empresas en fases maduras. El sector TIC encabeza el ránking por volumen de inversión (42%). La industria tiene menor presencia en esta línea (15%). En este caso por cada euro de ENISA se movilizan 2,05 euros.

Línea Jóvenes Emprendedores

Se han aprobado 92 operaciones por más de 5 millones de euros. El 100% de estos préstamos corresponden a empresas en fases iniciales, contribuyendo así a la creación de un nuevo tejido empresarial innovador y digitalizado. El sector TIC encabeza el ránking por volumen de inversión (54%) seguido del sector industrial manufacturero (26%). La inversión media inducida en esta línea es de un euro por cada euro prestado por ENISA.

Lee aquí la referencia completa del Consejo de Ministros

 

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