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Destacados Agenda 2030 del Consejo de Ministros del 22.03.19

Marzo 22/Novas

En esta publicación semanal, encontrarás las políticas y medidas vinculadas al compromiso de España con la Agenda 2030 de los correspondientes Consejo de Ministros.

  • INFORME SOBRE POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD PRESENTADO ANTE LA ONU

La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha trasladado al Consejo de Ministros el informe sobre las políticas de discapacidad presentado esta semana en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

España se examinó ante el Comité de la ONU que vela por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Estas son las principales medidas incluidas en el informe:

Derecho al voto

El pasado mes de noviembre, las Cortes Generales aprobaron la modificación de la LOREG, con el objetivo de reconocer el derecho al sufragio de todas las personas con discapacidad. Un total de 100.000 personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental podrán ejercer su derecho al voto.

Personas con discapacidad en la Constitución Española

El informe recoge la reforma del artículo 49 de la Constitución, incluida en el Anteproyecto presentado el pasado 7 de diciembre. El objetivo es actualizar el artículo, tanto desde el punto de vista del lenguaje, como de su estructura y contenido. Por una parte, sustituye la palabra "disminuidos" por "personas con discapacidad". También abandona la concepción médico-rehabilitadora y asistencial y la sustituye por el enfoque "convencionalista", basado en el reconocimiento de los derechos y deberes de las personas con discapacidad.

Capacidad Jurídica

Cumpliendo con el artículo 12 de la Convención y acorde a las recomendaciones emitidas por la ONU en 2011, el 21 de septiembre de 2018, el Consejo de Ministros informó en primera vuelta del Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad que afecta al Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la del Registro Civil.

Este Anteproyecto sienta las bases para cambiar el sistema vigente en la legislación española en el que predomina la orden judicial que impide la toma de decisiones a las personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental. El nuevo sistema se basará en el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas que, como regla general, serán las encargadas de tomar sus propias decisiones.

Educación inclusiva

El informe también incluye el Proyecto de una nueva Ley Orgánica de Educación que impulsa el principio de educación inclusiva a lo largo de todo el articulado. Establece que, el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años -y siguiendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030-, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.

Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

Accesibilidad

El Gobierno aprobó el pasado 1 de marzo el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para Atender la Emergencia Social en Materia de Vivienda, obligando a los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal a la realización de obras y actuaciones de accesibilidad, con independencia de la cuantía de las mismas, si existe ayuda pública de al menos el 75% del coste.

Este Real Decreto-ley también establece la necesidad de elevar y destinar el fondo de reserva de la comunidad de propietarios a sufragar inversiones de accesibilidad.

Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud

En enero, se aprobó la actualización del catálogo común de la prestación ortoprotésica. La orden incluye 48 nuevos tipos de productos de sillas de ruedas, órtesis y ortoprótesis especiales y se amplían indicaciones de algunos ya existentes que cubrirán necesidades hasta ahora no atendidas.

Además, se define para cada tipo de producto el importe máximo de financiación, adecuándolo a la realidad del mercado, para que puedan financiarse totalmente los productos incluidos y los usuarios no tengan que abonar cantidades adicionales.

Valoración de la Discapacidad

La Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad ha consensuado una propuesta para la adecuación del baremo discapacidad a la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud.

Esta propuesta también promoverá la simplificación administrativa en los procesos de valoración de discapacidad y de dependencia.

  • ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.

Se trata de una iniciativa con carácter participativo, en cuya elaboración ha colaborado el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. En la redacción del documento han intervenido también los diferentes ministerios con competencias en protección social, el Consejo Estatal de ONG y los interlocutores sociales.

Además, en su desarrollo, se contará con la colaboración de las administraciones autonómicas y las corporaciones locales, así como a todos los actores del sector privado, de la sociedad civil y, en particular, del Tercer Sector de Acción Social.

La Estrategia busca la cohesión y el progreso social, y trata de dar cobertura adecuada a las necesidades de la ciudadanía y especialmente a los colectivos vulnerables en situación de pobreza o exclusión. También da cumplimiento a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, al tiempo que contribuye a impulsar en España los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

El documento se construye en torno a cuatro metas estratégicas. Estas líneas de actuación se desarrollarán mediante la elaboración de planes operativos anuales, que fijarán medidas concretas, la asignación presupuestaria y las entidades responsables de cada una de las tareas descritas en la estrategia.

La primera de las metas estratégicas se centra en combatir la pobreza, especialmente de las personas más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes. Para ello tiene como objetivo crear un sistema de ingresos mínimos que permita vivir con dignidad y favorecer el incremento de la renta neta disponible de los hogares.

La segunda meta se refiere a la inversión social en las personas y se desglosa en dos objetivos: educación equitativa e inclusiva y atención prioritaria en formación y empleo a grupos vulnerables.

La tercera meta apuesta por consolidar un sistema de servicios públicos sanitarios, educativos y sociales, universales y de calidad, que acompañen y protejan a las personas a lo largo de su ciclo vital y profundicen en combatir las desigualdades. En particular, uno de los objetivos de la estrategia es que las personas puedan hacer frente al coste de la vivienda sin que este condicione su vida y la satisfacción de sus necesidades más básicas.

Se contribuirá a mejorar la situación de familias como las monomarentales, las personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria, que estén en situación de desempleo o que hayan agotado todas las prestaciones, así como las personas sin hogar.

La cuarta meta, relativa a la eficacia y eficiencia de las políticas, establece cinco objetivos. En primer lugar, la ordenación del sistema y la coordinación de los servicios, políticas y prestaciones, en favor de personas en situación de pobreza y exclusión social. También contiene la coordinación y cooperación territorial y eficiencia del conjunto del sistema, así como con la UE. Además, comprenden la colaboración y participación todos los actores implicados en las políticas de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social. Finalmente, tiene como objetivo crear sistemas coordinados y transparentes de gestión de la información y el conocimiento, que den respuestas innovadoras a las necesidades sociales.

  • CULMINADA LA REGULACIÓN DE LAS CUENTAS DE PAGO BÁSICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula el acceso gratuito a las cuentas de pago básicas a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Se da así un paso más para garantizar la inclusión de estos colectivos y su acceso a servicios financieros que se consideran esenciales para participar en la actividad económica.

Esta norma se incluye dentro del marco europeo de la Directiva de Cuentas de Pago Básicas que, con el fin de alcanzar la plena inclusión financiera, establece el derecho de todo ciudadano a disponer de los servicios de una cuenta de pago básica a un precio razonable.

El Gobierno establece mediante el Real Decreto adoptado los requisitos para que el colectivo de población más vulnerable pueda acceder a estas cuentas de forma gratuita. Las entidades financieras tienen la obligación de informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación.

Lee aquí la referencia completa del Consejo de Ministros

 

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