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Destacados Agenda 2030 del Consejo de Ministros del 29.03.2019

Marzo 29/Noticia

En esta publicación semanal, encontrarás las políticas y medidas vinculadas al compromiso de España con la Agenda 2030 de los correspondientes Consejo de Ministros. 

  • REFORMA DEL RÉGIMEN LEGAL DEL SECTOR DE LA ESTIBA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que avanza en la mejora del marco legal aplicable en la actividad de la estiba.

El Real Decreto-ley 8/2017 modificó profundamente el régimen de funcionamiento de la estiba, estableciendo la libertad de contratación para la prestación de este servicio, que hasta dicha fecha debía realizarse preferentemente por las Sociedades de Estiba (las denominadas SAGEP), de las que formaban parte los estibadores como trabajadores de las mismas.

Tras la experiencia acumulada en los dos años de aplicación del Real Decreto-ley 8/2017, el Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley con el objeto de completar y fortalecer el marco jurídico, asegurando una transición ordenada al nuevo marco de competencia.

Así, el Real Decreto-ley dispone una habilitación legal para que a través del Convenio Colectivo se pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabajadores para las empresas que decidan salirse de las Sociedades de Estiba (las denominadas SAGEP), asegurando así un derecho que ya se recoge en otros sectores productivos y garantizando así los derechos laborales básicos de los trabajadores y facilitando la estabilidad en el empleo.

Asimismo, se recoge una Modificación de la Ley de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), para establecer las especificidades de los Centros Portuarios de Empleo y del resto de ETT que desarrollen parte de su actividad en el sector de la estiba, con objeto de:

·       Mejorar su eficacia, teniendo en cuenta las singularidades de este sector.

·      Y en el caso concreto de los Centros Portuarios de Empleo, para establecer el requisito de que sus propietarios deban tener la licencia de empresa estibadora, de modo que se garantice la vinculación del propietario con la actividad que se realiza y con ello el máximo nivel de profesionalidad.

Asimismo, se refuerza la capacidad de los empresarios en la organización y dirección del trabajo, sin olvidar el protagonismo que se otorga a la negociación colectiva en determinadas cuestiones de la organización de la actividad productiva.

También se modifica el Real Decreto-ley 8/2017 para permitir el uso del contrato de aprendizaje para la formación de estibadores, facilitando así el acceso a la profesión y aumentando su calidad. De esta forma, los alumnos que estén cursando el Certificado de Profesionalidad que da acceso a la profesión podrán beneficiarse de un contrato laboral mientras desarrollan las prácticas.

Este Real Decreto-ley da respuesta a la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de febrero, en la que se insta al Gobierno a culminar el marco normativo de la actividad de la estiba portuaria, con el máximo consenso posible en el sector y respetando los principios de la normativa europea, y con el objetivo final de conjugar los principios de libertad de contratación con los derechos de los trabajadores.

La norma se ha consultado tanto con el sector, para asegurar el máximo consenso posible, como con la Comisión Europea, con el fin de esclarecer los objetivos de la misma y despejar cualquier duda acerca del mantenimiento del marco de libertad de contratación existente a la fecha.

Adaptación normativa del sector de la estiba

Además, el Consejo de Ministros también ha acordado la tramitación urgente del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria.

Este proyecto de Real Decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas especiales a los trabajadores del sector de la estiba portuaria afectados por los cambios estructurales producidos en las relaciones laborales del sector como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13.

La finalidad de este régimen de ayudas es facilitar las salidas voluntarias de los trabajadores de mayor edad, a los que les quede como máximo 60 meses para llegar a la edad ordinaria de jubilación, en las mejores condiciones y contribuir así a la necesaria reestructuración del sector de la estiba, proporcionando a estos trabajadores una cobertura económica, siempre que cumplan las condiciones y requisitos que se regularán en este Real Decreto. También se modificará el contenido del certificado de profesionalidad para el acceso a la profesión.

  •  ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL

El Consejo de Ministros ha conocido un informe sobre la Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, que tiene como objetivo apoyar e impulsar la transformación digital para crear condiciones de vida y de trabajo atractivas en el medio rural, que contribuyan al poblamiento activo y estable de la España rural y a impulsar el liderazgo de un sector agroalimentario competitivo, sostenible y generador de riqueza.

En esta Estrategia se definen las líneas y las medidas necesarias para impulsar la transformación digital de los sectores agroalimentario y forestal y del medio rural, así como los instrumentos previstos para su implementación.

Objetivos y actuaciones

Se trata, por tanto, de un documento estratégico estructurado de medidas y actuaciones en torno a tres objetivos, el primero de los cuales es la reducción de la brecha digital, tanto la urbana-rural como entre pequeñas y grandes empresas, persiguiendo que haya conectividad para todos.

Para ello se plantean actuaciones orientadas a fomentar la conectividad en el territorio, y a combatir la brecha digital urbano-rural mediante la adopción de acciones formativas, divulgativas y de asesoramiento para atraer a jóvenes y mujeres como habitantes estables del territorio rural.

Como segundo objetivo se plantea el fomento del uso de datos, como motor de impulso sectorial, abordando la interoperabilidad y la apertura de datos de la Administración, la investigación y del sector privado.

El tercer objetivo se centra en el impulso del desarrollo empresarial y de nuevos modelos de negocio, teniendo presente la agricultura inteligente y la Industria 4.0, pero también las oportunidades de diversificación económica fuera del ámbito agroalimentario que ofrecen las nuevas tecnologías. Y es que la digitalización del tejido empresarial contribuye a la mejora de la competitividad, a su consolidación, fomenta la internacionalización y la creación de empleo de calidad.

Para promover esa modernización del tejido productivo agroalimentario y rural español, se plantean medidas como el fortalecimiento del ecosistema de innovación digital, el asesoramiento para la adopción digital en sistemas de conocimiento e innovación agroalimentarios, forestales y en el medio rural y el fomento del emprendimiento y de nuevos modelos de negocio.

Las medidas establecidas en estos tres objetivos se complementan con un paquete de acciones horizontales de gobernanza, seguimiento y dinamización que contemplan el establecimiento de mecanismos de colaboración y cooperación entre los agentes involucrados, a través de un Comité de Coordinación de la Estrategia, para la participación de las Administraciones implicadas en su desarrollo, y un Observatorio de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, para el análisis y seguimiento de la digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural.

Enfoque integrador

La Estrategia tiene un enfoque integrador con otras políticas públicas europeas y nacionales en el contexto de la digitalización. Así, en el ámbito de la Unión Europea, se alinea con el objetivo transversal de la Política Agraria Común post 2020 de modernización, en el que la innovación y digitalización se configuran como elementos clave para su consecución, así como para la concepción de los sistemas de conocimiento e innovación en la agricultura que deben abordarse para atender a dicho objetivo de modernización.

A escala nacional, tiene una estrecha relación con otras estrategias como la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, el Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, la Agenda para el Cambio y otras estrategias en elaboración, como el Marco Estratégico en política de PYME 2030.

Además, contribuye a la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, dado que muchos de los ámbitos de la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural contribuyen a fijar población y combatir el despoblamiento.

Puesta en marcha

Las medidas previstas se instrumentarán a través de actuaciones concretas establecidas en Planes de Acción bienales, en los que se fijarán los compromisos y metas específicas, y cuyas actuaciones se establecerán en función de los presupuestos y de los instrumentos de los programas de la Unión Europea disponibles.

Las actuaciones de los Planes de Acción serán ejecutadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en ocasiones cofinanciadas con fondos comunitarios (por ejemplo, FEADER y de I+D+i para H2020) y en colaboración con los departamentos ministeriales y administraciones competentes en aquellas medidas donde el rol del MAPA es el de impulsor, dinamizador, coordinador o catalizador de las mismas.

Su ejecución se hará en el marco competencial que a cada Administración le corresponda, y con cargo a los créditos presupuestarios que ya tienen asignados.

Dado que el ámbito competencial de la Estrategia es transversal, para abordar la transformación digital desde un enfoque multidisciplinar e integral, los contenidos son fruto de la interlocución y colaboración con otros siete Ministerios como el de Ciencia Innovación y Universidades; de Economía y Empresa; de Educación y Formación Profesional, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de Industria, Comercio y Turismo; de Política Territorial y Función Pública y de Transición Ecológica, las comunidades autónomas, los departamentos implicados en las diferentes medidas propuestas y la Comisión Europea.

  • 91 MILLONES DE EUROS PARA COMPENSAR LOS COSTES POR EMISIONES DE CO2 DE LA INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA

El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria para la concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero de 2018.

La cuantía máxima de las ayudas será de 91 millones de euros (70 aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el resto por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) imputables a los costes de emisiones indirectas incurridos en 2018.

Esta cifra de 91 millones multiplica por quince la última convocatoria ordinaria (2018), en la que se destinaron 6 millones de euros.

El Gobierno responde a la demanda de la industria electrointensiva con una iniciativa que beneficia especialmente a este tipo de consumidores, ya que su objetivo es reforzar la competitividad de empresas radicadas en España que operan en mercados internacionales y no pueden repercutir esos costes en el precio de venta de sus productos.

Este instrumento está incluido en el borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que tiene como finalidad proporcionar un marco de estabilidad, y potenciar el crecimiento económico y la competitividad de la industria, manteniendo y generando empleo de calidad.

Los beneficiarios de la ayuda deberán cumplir con las obligaciones recogidas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España y asociadas al mantenimiento de la actividad industrial.

La actividad productiva durante 2018, objeto de esta convocatoria, ha de ser justificada y verificada por verificador acreditado. La intensidad de la ayuda no podrá superar el 80% de los costes subvencionables incurridos en 2018.

  • NUEVAS ESPECIES DE MAMÍFEROS, REPTILES Y PLANTAS EN EL CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se actualiza el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Esta revisión se realiza a propuesta de varias entidades científicas, y supone añadir al catálogo español tres especies de reptiles (varano de la sabana, pitón real y tortuga de la península, originaria de Florida, un mamífero (cerdo vietnamita) y dos plantas, en este último caso sólo para Canarias (tabaco moruno y la hierba de la pampa, ésta última ya incluida para la Península).

Para las especies citadas queda prohibida con carácter general la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos y se establecen una serie de controles para su tenencia. En el caso de los reptiles y del cerdo vietnamita se trata de especies cuya posesión como mascotas ha ido aumentando en los últimos años. Lo que suele pasar en estos casos es que los dueños de estas mascotas se acaban cansando de ellas o no pueden hacer frente a los cuidados necesarios. En nuestro país algunos centros de acogida se ven ya saturados con ejemplares de estas especies exóticas de los que se deshacen sus propietarios y muchos otros pueden acabar liberados en la naturaleza de forma tanto voluntaria como involuntaria.

En el caso del cerdo vietnamita, un dictamen del Comité Científico de 2016 recomendó incluirlo en el Catálogo español de especies exóticas invasoras por el riesgo sanitario y medioambiental que ya supone su actual presencia asilvestrada en el medio natural. En este sentido, hay que destacar el riesgo de hibridación con el jabalí salvaje que, además de las consecuencias inherentes a la hibridación, podría aumentar los problemas de sobrepoblación de jabalíes que ya existe en muchas regiones de España.

Riesgo sanitario y para la biodiversidad

En el caso de las tres especies de reptiles (varano de la sabana, pitón real y tortuga de la península) se incluyen también por representar un riesgo sanitario y para la biodiversidad. También existe un dictamen del Comité Científico de 2015 que recomendó su catalogación. La pitón real (Python regius) es una especie de serpiente que engulle sus presas vivas o tras asfixiarlas, observando preferencia por roedores. Esto la convierte en una potencial competidora frente a otras especies autóctonas, pudiendo afectar a la cadena trófica.

El varano de la sabana (Varanus exanthematicus), originario de Togo (África), es una especie de lagarto de gran tamaño que encuentra en nuestro territorio condiciones climáticas similares en determinadas épocas del año a las de su región de origen y algunos hábitats comunes como praderas y zonas boscosas. Además de que su dieta encaja con la de las especies que dispondría en nuestros hábitats, su territorialidad, agresividad y tamaño podrían comprometer la supervivencia de numerosas especies autóctonas de nuestro medio natural.

Por su parte, la tortuga de la península (Pseudemys Peninsularis), cuya dieta es fundamentalmente herbívora, puede competir con otros organismos acuáticos, como tortugas autóctonas o peces ciprínidos. Por ello, podría ocasionar daños a la biodiversidad y pérdidas económicas al sector de la pesca fluvial, al tiempo que es transmisora de la salmonelosis.

Información Propietarios

A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, los propietarios de estas especies que quieran mantenerlas como mascotas, deberán informar, antes del 1 de enero de 2022, sobre dicha posesión a las autoridades competentes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Las autoridades establecerán, en su caso, requisitos como esterilización, marcaje, declaración responsable para no liberarlo. En todo caso, existe obligación de informar si se escapa y prohibición de cesión, comercio y reproducción del animal.

Si no se lo quieren quedar, las administraciones facilitarán la entrega voluntaria de los animales referidos. Esta entrega se podrá realizar en primera instancia, y de forma temporal, y mientras son recogidos por las autoridades competentes en esta materia, en puntos de venta de animales de compañía o domésticos y núcleos zoológicos legalmente constituidos que puedan ser reconocidos por la autoridad competente como habilitados para ello. Excepcionalmente, las administraciones competentes pueden autorizar y habilitar centros de recogida y mantenimiento con instalaciones y terrenos adecuados para su correcto confinamiento y evitar su escape, cumpliendo con las obligaciones de esterilización e identificación.

En el caso de que estas especies ya estén asilvestradas en el medio natural, las administraciones competentes, esto es, las comunidades autónomas, deberán establecer mecanismos de vigilancia y de control poblacional tendentes a su control y posible erradicación.

Lista específica para Canarias

Además, mediante este Real Decreto se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para las Islas Canarias, tal y como establece para las regiones ultraperiféricas de la UE, como es el caso de las Islas Canarias, el Reglamento de la Unión Europea sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.

Este Reglamento, que crea una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión europea (actualmente incluye 49 especies), señala que para las regiones ultraperiféricas, aquellas regiones de la UE fuera del ámbito territorial continental europeo, como la Macaronesia en el caso de España y Portugal, dadas sus singulares características biogeográficas y climáticas y en particular su lejanía, insularidad y el carácter único de su biodiversidad, se debe establecer un listado específico de estas especies exóticas invasoras.

Las especies exóticas invasoras representan una de las principales amenazas para la biodiversidad y los servicios asociados de los ecosistemas, especialmente en aquellos ecosistemas geográfica y evolutivamente aislados, como las islas de pequeñas dimensiones. Los riesgos que dichas especies representan se pueden intensificar debido al aumento del comercio global, el transporte, el turismo y el cambio climático.

Este Real Decreto aprueba esta lista de especies exóticas invasoras, preparada en estrecha colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias. Su objetivo es establecer las normas para reducir al máximo el riesgo de introducción, tanto de forma intencionada como no intencionada, de especies exóticas invasoras y mitigar sus efectos adversos sobre la biodiversidad del archipiélago canario.

Este listado incluye 48 especies, de las cuales 19 son plantas (entre las que destacan el Cacto cilíndrico, el tojo, la alisaja y la cisca), nueve son mamíferos (como la mangosta amarilla, el feneco y el petauro del azúcar), tres son aves (cotorra alejandrina, suirirí color, miná del Himalaya), y el resto (17) son reptiles (como el perenquén tokay, el perenquén diurno de Madagascar, la iguana común y el lagarto espinoso).

Criterio preventivo

Estas especies no estaban incluidas en Catálogo español de especies exóticas invasoras de 2013, pues no están presentes en Canarias en el medio natural o tienen una presencia muy esporádica o puntual. Por ello se otorga en la norma la prioridad al criterio preventivo, regulándose medidas de este tipo respecto de especies exóticas potencialmente invasoras, pues con ello se consigue una mejor rentabilidad coste-beneficio y, en definitiva, una mayor eficacia en la prevención de los daños futuros que podrían ocasionar.

Son especies para las que existe un cierto riesgo de que puedan llegar al medio natural pues se utilizan en el comercio, jardinería, mascotas, etc. y para las que se han hecho análisis de riesgo que demuestran su alta potencialidad como invasoras. Al incluirlas en la Lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión europea en la región ultra periférica de Canarias se prohíbe su posesión, venta, transporte, comercio, introducción en el medio natural, etc., para evitar su escape o introducción accidental.

El Real Decreto, siguiendo las disposiciones del reglamento comunitario, establece diversos sistemas para la detección temprana y erradicación rápida de las especies exóticas invasoras en el caso de que se puedan llegar a introducir en las Islas Canarias. En concreto, se prevé un sistema de vigilancia de las administraciones sobre dichas especies, una serie de mecanismos para realizar controles oficiales sobre las mismas, los medios de notificación en el caso de detección temprana de su presencia en las Islas y los instrumentos para su rápida erradicación.

AJUSTES AL PROTOCOLO DE MONTREAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma conocimiento de los ajustes al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono adoptados en la trigésima reunión de las Partes del Protocolo.

El Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (en adelante, el Protocolo), se firmó en Montreal el 16 de septiembre de 1987 y entró en vigor para España el 1 de enero de 1989. En la actualidad, los Estados Partes son 197.

Este Protocolo, que desarrolla el Convenio de Viena (en adelante, el Convenio) para la protección de la capa de ozono, ha sido objeto de distintas enmiendas, que han de ser aprobadas por las reuniones de las Partes. España ha aceptado cada una de estas enmiendas, excepto la última (Kigali, 16 de octubre de 2016), en proceso de ratificación.

Así mismo, el Protocolo contempla la posibilidad de que se realicen ajustes de los valores estimados del potencial de agotamiento del ozono que se indican en el Anexo A del mismo, u otros ajustes.

En la 30ª Reunión de las Partes que tuvo lugar en Quito, del 5 al 9 de noviembre de 2018, se adoptó la Decisión XXX/2 relativa a los Ajustes que afectan a las sustancias recogidas en el Grupo 1 del Anexo C del Protocolo, para las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, entre las que se encuentra España.

En principio, el Protocolo prohíbe el uso de los gases hidrofluorcarbonados (HCFC) después de 2020, excepto en el caso de los servicios de mantenimiento de aparatos de refrigeración, que se permiten hasta 2030. Los ajustes que se adoptan ahora extienden esta prórroga a tres nuevos supuestos en los cuales se va a seguir permitiendo el empleo de HCFC:

·       El mantenimiento de equipos de extinción de incendios y protección contra incendios existentes el 1º de enero de 2020.

·      Las aplicaciones de disolventes en la fabricación de motores de cohetes.

·      Las aplicaciones de aerosoles médicos para vía tópica, dirigidos al tratamiento especializado de quemaduras.

Además, se establece que las Partes podrán decidir permitir la producción o el consumo de HCFC para los usos por ellas convenidos como esenciales.

El secretario general de las Naciones Unidas, en calidad de Depositario, ha notificado, que los Ajustes entrarán en vigor el 21 de junio de 2019.

ESTRATEGIA NACIONAL FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo sobre las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas por el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Las directrices plantean una Estrategia de carácter global y transversal, desde una perspectiva multidisciplinar y con la participación de todos los departamentos a través del trabajo de un grupo interministerial, incorporando una perspectiva demográfica en el análisis de las actuaciones sectoriales.

Las directrices centran la Estrategia en las tres cuestiones demográficas acordadas en la Conferencia de Presidentes: despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante. Asimismo, recoge un diagnóstico de las principales variables de población en España, presentado previamente a las comunidades autónomas.

Todos los ministerios incorporan a las directrices de la Estrategia más de 80 medidas, referidas a jóvenes, mujeres, atención a la población rural, emprendedores, turismo, implantación de la Administración en el territorio o actividad económica.

Siete objetivos transversales

·       Garantizar una plena conectividad territorial, con una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio, de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020.

·      Asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio.

·      Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social.

·      Avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios, con el fin de facilitar la gestión de los ayuntamientos.

·      Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y la reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos.

·      Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público-privada, potenciando la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado, para convertir todos los territorios, sin exclusiones, en escenarios de oportunidades.

·      Alinear las líneas de acción y los propósitos de la Estrategia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.

Líneas de acción

1.- Afrontar la despoblación

·       Garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la despoblación y la baja densidad.

·      Mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del emprendimiento.

·      Favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural.

2.- Afrontar los desequilibrios de nuestra pirámide de población

·       Coordinar las acciones referidas a personas mayores, envejecimiento activo y atención a la dependencia en todo el territorio.

·      Apoyar la puesta en marcha de proyectos de desarrollo socioeconómico de jóvenes, que garanticen el relevo intergeneracional.

·      Facilitar el desarrollo de proyectos que garanticen la libertad de residencia efectiva de las mujeres en el territorio.

·      Garantizar las condiciones que favorezcan la crianza de hijas e hijos, y que faciliten la equiparación de la tasa de natalidad al promedio de la Unión Europea.

·      Asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la infancia por ámbito de residencia.

·      Trabajar, en coordinación con la UE, para canalizar una migración regular y ordenada, y su arraigo en todo el territorio.

·      Facilitar la vuelta de los españoles residentes en el exterior que deseen regresar a España.

3.- Gestionar los efectos de la población flotante

·       Garantizar la prestación de servicios básica para la población residente y flotante en todo el territorio.

·      Asegurar el dimensionamiento de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo socioeconómico sostenible de las áreas con intensos flujos de población flotante.

Con la aprobación de las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, el Gobierno avanza en el cumplimiento del acuerdo de la Conferencia de Presidentes. Estas directrices, referidas a las actuaciones propias de la Administración General del Estado, se remitirán a las comunidades autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y representantes de las entidades locales para su discusión junto con sus propias propuestas con el objetivo de presentar finalmente en la próxima Conferencia de Presidentes la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

Acuerdo de la Conferencia de Presidentes

El presidente del Gobierno y los presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía acordaron en la VI Conferencia de Presidentes, el 17 de enero de 2017, afrontar los cambios demográficos que afectan a España y, de forma específica, la elaboración y el desarrollo, por parte del Gobierno de España, y contando con la colaboración de las comunidades autónomas, las ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades locales, de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, de naturaleza global y transversal, que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante.

La evolución demográfica en España, con aspectos tan positivos como el aumento de la esperanza de vida y el crecimiento generalizado de la población en el siglo XXI pero, también negativos, como se refleja en la pérdida de población de buena parte de nuestro territorio, la baja densidad y la caída de la natalidad, supone un desafío para la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar. Un desafío que puede poner en riesgo la cohesión social, la vertebración territorial y nuestro modelo de convivencia.

Objetivo general de la Estrategia

El objetivo general de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico es sentar las bases de un proyecto de país que garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el territorio, a través de la coordinación y cooperación de todas las administraciones públicas, el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos y la estrecha colaboración público-privada.

El trabajo realizado desde el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico para la elaboración de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico se ha guiado por el cumplimiento del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, tanto en el objeto del acuerdo como en su metodología de trabajo y contenido.

En su metodología, la elaboración de la Estrategia se ha realizado con la colaboración de las comunidades autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y entidades locales. Por ello, se constituyó en septiembre de 2018 un grupo institucional con comunidades autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias. Con una metodología de trabajo consensuada, a lo largo de los meses siguientes se han celebrado reuniones periódicas sobre los ejes de la estrategia.

Asimismo, se constituyó el grupo de trabajo específico sobre Reto Demográfico en el marco de la Comisión Nacional de Administración Local, que abre una interlocución directa con representantes de ayuntamientos y de diputaciones provinciales.

  • ESPAÑA CONTRIBUIRÁ CON 17,2 MILLONES DE EUROS A PROGRAMAS METEOROLÓGICOS INTERNACIONALES

El Consejo de Ministros ha autorizado la participación y contribución de España en las prórrogas de los programas MSG (METEOSAT de Segunda Generación, con 4 satélites) y EPS (Sistema Polar Europeo, con 3 satélites de órbita polar) de EUMETSAT, por un importe global de 17.230.000 euros.

El fin es que España, a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), garantice la contribución a los programas de satélites meteorológicos europeos actualmente en órbita. El objeto de esta aportación es la de prorrogar su vida útil con el consiguiente ahorro que esta medida implica. Asimismo, indirectamente supondrá desarrollar un sistema científico más ligado a la industria y a conseguir empresas competitivas en las cadenas de valor globales.

Este crédito se ha autorizado teniendo en cuenta los ejercicios futuros, dado que las prórrogas de los programas citados comienzan a partir de 2023 (para el programa MSG), y 2021 (para el programa EPS).

Claves para la predicción y estudio del sistema climático

Desde el punto de vista técnico, los datos y productos de los sistemas de satélites geoestacionarios y polares son clave para las actividades encomendadas a la AEMET, pues, además de su utilidad intrínseca en la predicción y vigilancia del tiempo, son fuente de datos de observación para la validación de los modelos de predicción numérica, herramienta fundamental para la predicción de los fenómenos meteorológicos adversos, el estudio del sistema climático y sus cambios.

Por ello, no sólo es esencial para las competencias del Ministerio para la Transición ecológica (asumidas a través de la AEMET) sino también de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Organismo Europeo para la Explotación de los Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) fue instituido por Convenio de fecha 24 de mayo de 1983 -ratificado por España el 22 de enero de 1985-, con el objetivo primordial de establecer, mantener y explotar sistemas europeos de satélites meteorológicos operacionales.

Una parte de las contribuciones que realizan sus Estados Europeos participantes se destinan al presupuesto general del organismo y otra a financiar los programas satelitales en vigor. Dentro de los programas de satélites existen programas obligatorios (para su desarrollo se requiere la aprobación de todos los miembros) y programas opcionales (participan en ellos sólo los miembros que lo desean).

MSG (METEOSAT de Segunda Generación, con 4 satélites) y EPS (Sistema Polar Europeo, con 3 satélites de órbita polar) son programas obligatorios cuya operatividad prevista era 1994-2023 (prorrogable hasta 2033) y 1999-2020 (prorrogable hasta 2033), respectivamente.

Lee aquí la referencia completa del Consejo de Ministros

 

 

 

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