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Destacados Agenda 2030 del Consejo de Ministros del 12.04.19

Abril 12/Noticia

En esta publicación semanal, encontrarás las políticas y medidas vinculadas al compromiso de España con la Agenda 2030 de los correspondientes Consejo de Ministros. 

  • AMPLIACIÓN DE UNIDADES JUDICIALES Y PLAZAS DE FISCALES PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos Reales Decretos por los que se crean un total de 75 unidades judiciales y se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en 80 nuevas plazas. El objetivo de estas medidas es atender las necesidades de la Justicia española, contribuir a su mayor eficacia y calidad y garantizar a los ciudadanos la protección judicial de sus derechos.

En el Real Decreto relativo a la programación de 2019 de nuevas unidades judiciales, se dispone la creación de 51 juzgados y la dotación de 22 plazas de magistrado en órganos colegiados. En cuanto a los juzgados de nueva creación, 21 son juzgados de primera instancia, 8 de primera instancia e instrucción, 6 de lo penal, 11 juzgados de lo social, 4 juzgados de lo mercantil y 1 juzgado decano exclusivo. Además, se procede a la constitución de 2 juzgados en la Comunitat Valenciana que habían sido suspendidos en 2011. En este territorio se crea también la Sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para atender la entrada de asuntos derivada de la instauración de la segunda instancia penal.

La fecha de efectividad de las plazas de magistrado en los órganos judiciales colegiados y la entrada en funcionamiento de los juzgados que se crean y constituyen en este Real Decreto será fijada por la ministra de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial.

El Consejo de Ministros ha aprobado asimismo un Real Decreto por el que se amplía, por primera vez desde 2015, la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en 80 nuevas plazas. En esta modificación de plantilla destaca el refuerzo de medios personales para abordar la lucha contra la corrupción con la creación de nueve plazas en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y de una plaza en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Asimismo, se adecúa la plantilla del Ministerio Fiscal a las necesidades existentes en el Campo de Gibraltar. Este refuerzo trata de garantizar una respuesta judicial proporcionada y adecuada al fenómeno de la criminalidad organizada creciente en la comarca y las provincias limítrofes, principalmente en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas y el blanqueo de capitales. El pasado mes de diciembre, el Gobierno aprobó ya la creación de cinco unidades judiciales dentro del Plan Integral Campo de Gibraltar con cargo a los presupuestos de 2018.

También, y en línea con el compromiso del Ejecutivo con los derechos de los colectivos más desfavorecidos, se crea una plaza de fiscal de sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores.

Por otro lado, se amplía el número de plazas en aquellas fiscalías que han requerido durante, al menos, los tres últimos años, medidas específicas de refuerzo para afrontar el incremento de carga de trabajo, lo que determina que se trata de necesidades estructurales y no meramente coyunturales.

  • ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

El Consejo de Ministros ha conocido un informe sobre la modernización de la Justicia. El informe presentado recoge los objetivos y los programas estratégicos puestos en marcha desde el Gobierno para acercar la justicia digital a los profesionales y los ciudadanos, proporcionar a los juzgados, tribunales y fiscalías las herramientas informáticas más avanzadas, impulsar el intercambio de información entre las comunidades cuya Justicia gestiona el ministerio y las que tienen las competencias transferidas, y, en definitiva, facilitar el trabajo diario de los jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia que cada día usan esos sistemas.

El documento presentado hoy contempla un Plan para racionalizar el uso de las nuevas tecnologías y su adaptación a las necesidades reales de jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia y funcionarios judiciales. El informe incluye la renovación de los equipos -ya se han entregado más de 8.000 ordenadores y 2.600 tabletas-, la transformación digital de las salas de vistas para renovar sus sistemas de grabación y la implantación de sistemas de textualización de las declaraciones (que subtitulan las imágenes de forma automática).

También se introducirán nuevas aplicaciones como las que permitirán la anonimización automática de documentos judiciales electrónicos -para dar una mayor protección a los datos de carácter personal de los usuarios- o dispositivos de identificación biométrica. Los ciudadanos verán incrementarse paulatinamente el tipo de escritos que podrán presentar a través de la Sede Judicial Electrónica y se creará un almacén electrónico judicial en la nube para los abogados y procuradores, operadores que, a través del Escritorio para Profesionales, podrán tener acceso remoto a los expedientes judiciales.

La aprobación de esta Estrategia ha venido acompañada por la autorización de dos contratos para nuevas tecnologías por un valor total de 164 millones de euros. El primero es un encargo a la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Fomento, para el apoyo a la Justicia Electrónica, la gestión del centro de desarrollo y la transformación digital de sedes judiciales. El encargo extenderá su vigencia desde este año hasta 2022 y está valorado en 99.724.637,31 euros.

El segundo contrato aprobado, cuyo valor máximo estimado asciende a 64.384.365,69 euros y tendrá también una vigencia de hasta cuatro años, da continuidad operativa a los servicios de Justicia Digital, Fiscalía Digital y el resto de sistemas que dan apoyo a las oficinas judiciales, fiscales, registros civiles, institutos de medicina legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

  • APROBADO EL MARCO ESTRATÉGICO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Marco Estratégico en Política Pyme 2030 Pequeña y Mediana Empresa, cuyo objetivo es mejorar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas de cara a los retos de una economía global y digitalizada, y contribuir a crear un clima adecuado para favorecer su crecimiento.

Es la primera vez que un Gobierno establece un Marco nacional de actuación para la pequeña y la mediana empresa española, un sector que engloba al 99% del tejido empresarial y representan casi el 62% del Valor Añadido Bruto -superior a la media europea- y el 66,5% del empleo empresarial total.

El Marco es fruto del trabajo desarrollado en el Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa, órgano colegiado de carácter consultivo, asesor y de colaboración, del que forman parte la Administración Central, las comunidades autónomas, las administraciones locales, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

Las propuestas se organizan a través de siete palancas: Emprendimiento, Gestión empresarial y Talento, Marco regulatorio, Financiación, Innovación y Digitalización, Sostenibilidad, e Internacionalización. Estas áreas vienen acompañadas de cincuenta líneas de actuación caracterizadas por su horizontalidad, de forma que inciden sobre el desarrollo de todas las pymes en su conjunto.

El seguimiento de la Estrategia se articula mediante un sistema de gobernanza en el seno del Consejo Estatal de la PYME.

Acompañamiento financiero a las pymes

El Consejo de Ministros también ha aprobado un total de 456,1 millones de euros para impulsar el crecimiento, la internacionalización y el ahorro energético de las pymes.

- 98,5 millones de euros corresponden a tres líneas de financiación que gestionará la Empresa Nacional de Innovación, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estas líneas de préstamos participativos son: Línea Pyme, Línea de Empresas de Base Tecnológica y Línea Jóvenes Emprendedores. Se estima que esta línea de financiación impulsará proyectos innovadores con una inversión inducida de 220 millones de euros y un impacto de 1.600 empleos directos.

- Asimismo, ha creado FIEM-Pyme, con una dotación de 50 millones de euros para proyectos de internacionalización con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa.

Por último se ha aprobado un Real Decreto por el que se aprueban las bases que regularán las convocatorias para la concesión de ayudas para actuaciones de mejora de la eficiencia energética y reducción del consumo de energía final en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector industrial. Se destinan 307,6 millones de euros (307.644.906) procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. El programa de ayudas busca contribuir a lograr objetivos de reducción del consumo de energía final que fija la Directiva 2012/27/UE.

Las acciones que serán financiables deben ir destinadas a la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales, o la implantación de sistemas de gestión energética. El programa de ayudas, que coordina el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) será gestionado directamente por las Comunidades y Ciudades Autónomas.

Su finalidad es incentivar y promover la realización de actuaciones en el sector industrial que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia energética, contribuyendo con ello a alcanzar los objetivos de reducción del consumo de energía.

(Estrategia PYME)

  • REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado. La normativa desarrolla sus competencias y pone en valor su importancia para hacer efectiva la transversalidad del principio de igualdad de género y oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado.

El Acuerdo establece la composición, adscripción orgánica, funciones y coordinación, tanto de las Unidades de Igualdad de los Ministerios, como de las que se creen en los Organismos Públicos dependientes de ellos.

En coherencia con las funciones atribuidas a la Secretaría de Estado de Igualdad, a la Dirección General de la Función Pública y a la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, el Real Decreto detalla las funciones de impulso, coordinación técnica y apoyo que les corresponde realizar en relación con las Unidades de Igualdad. La coordinación de las unidades recaerá en el Instituto de la Mujer.

Las Unidades de Igualdad se integrarán en la estructura orgánica de cada departamento ministerial, y quedarán adscritas a la Subsecretaría o a alguno de sus órganos directivos dependientes.

Funciones:

a) Recabar la información de las políticas públicas de su departamento ministerial para conocer su impacto desde la perspectiva de igualdad de género.

b) Asesorar y proponer, en sus respectivos ámbitos, las actuaciones o iniciativas, incluidas las formativas, que favorezcan la aplicación del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

c) Asesorar a los órganos competentes del departamento ministerial en la elaboración del análisis sobre el impacto por razón de género de las normas y los planes de especial relevancia y, en especial, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

d) Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración General del Estado en sus respectivos departamentos ministeriales, así como participar en la Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades y Trato de Mujeres y Hombres de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado y en sus grupos de trabajo.

e) Elaborar los diagnósticos, propuestas e informes que sean necesarios y que deriven de los acuerdos adoptados por la Comisión Técnica de Igualdad, que fueran requeridos por la Dirección General de la Función Pública.

f) Coordinar la recopilación de información para la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes directivos o estratégicos de igualdad en su respectivo departamento ministerial.

g) Recabar la información sobre la implementación del Protocolo frente al Acoso Sexual y al Acoso por Razón de Sexo en sus respectivos departamentos ministeriales, así como desarrollar las actuaciones que se les asignen en dicho protocolo.

h) Realizar otras funciones de asesoramiento, informe y seguimiento que le sean asignadas en relación con el principio de igualdad de trato y de oportunidades en general.

i) Realizar un informe anual sobre las políticas públicas de igualdad llevadas a cabo por su departamento ministerial y así como sobre las actuaciones desarrolladas por la Unidad.

El Real Decreto señala también que los puestos de trabajo de las Unidades están reservados a funcionarios de carrera, que recibirán formación, apoyo y asesoramiento especializado, la Dirección General de la Función Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se ocuparán de la formación especializada. Dispondrán asimismo de una aplicación informática creada a tal efecto para la coordinación de las Unidades.

Las Unidades de Igualdad de los Ministerios se crearon en el año 2007 por la Ley Orgánica de Igualdad, con la finalidad de aplicar, transversalmente, el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado.

  • DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución para el ejercicio 2019 del crédito de 100.000.000 de euros para el desarrollo por las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Asimismo, se han aprobado también los criterios de distribución y la distribución resultante para el presente ejercicio del crédito de 6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 de euros destinado a implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.

El Consejo de Ministros ratifica así los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 3 de abril, en la que estuvieron representadas todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

  • PLAN PARA EL IMPULSO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público. Se trata de una medida que beneficia especialmente a las personas con discapacidad, a las mujeres y que fomenta las mejoras de las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores.

Con el impulso que el Plan le dará a la aplicación de consideraciones sociales en la contratación pública, las empresas que cuenten en sus plantillas con personas con discapacidad, dispongan de planes de igualdad entre hombres y mujeres, fomenten la conciliación laboral y tengan buenas condiciones salariales y laborales tendrán mayores posibilidades de convertirse en proveedores de la Administración y ganar las licitaciones.

El objetivo es incentivar la utilización de la contratación pública para la promoción de oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, accesibilidad o comercio justo, entre otras áreas.

Con esta medida se profundiza en el enfoque de la contratación pública denominada "contratación pública estratégica", la cual constituye una aproximación novedosa a la compra pública al poner esta última al servicio de otras políticas consideradas clave como la política social.

Las medidas que comprende el Plan son susceptibles de ser agrupadas en torno a tres ejes:

En primer lugar, el Plan sistematiza y recopila, todas las previsiones que la Ley de Contratos del Sector Público contempla en materia de contratación pública estratégica socialmente responsable. En concreto, el Plan pretende impulsar la aplicación por parte de las entidades del sector público estatal de toda una serie de orientaciones para la redacción de los pliegos de las licitaciones públicas:

  • Quién puede contratar (por ejemplo, serán excluidas las empresas que no cumplan con su obligación legal de tener una cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por 100 para personas con discapacidad).
  • La obligación de rechazar ofertas por vulnerar la normativa social o laboral (de esta manera se lucha contra el "dumping social" en los contratos públicos).
  • Que se tomen en cuenta consideraciones sociales como parámetro de la calidad de la prestación.
  • La obligación del contratista y de sus subcontratistas de cumplir determinadas consideraciones sociales durante la ejecución del contrato; pudiendo su incumplimiento, en el primer caso, llevar aparejada incluso la resolución del contrato.

En segundo lugar, el Plan incorpora la previsión de la creación de un grupo de trabajo en el seno de la denominada Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, con la finalidad de que sea este grupo el que aborde los trabajos preparatorios necesarios para desarrollar las previsiones en materia de contratación pública socialmente responsable contenidas en la Ley de Contratos.

En tercer lugar, el Plan impulsa la formación de los gestores que desde el sector público estatal deberán seguir las orientaciones que contiene el Plan, dada la novedad que supone la contratación pública estratégica socialmente responsable..

  • CREADA LA COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

El Gobierno ha acordado hoy la creación de la Comisión Mixta de Cooperación Jurídica Internacional que estará integrada por representantes de Justicia y de los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Tendrá como funciones servir de marco de colaboración y coordinación entre todos los actores implicados en la cooperación jurídica internacional para el análisis y puesta en común de cuestiones relativas al funcionamiento y aplicación de los convenios internacionales en la materia. La creación de este organismo responde a la necesidad, identificada por el Ministerio de Justicia, en su calidad de autoridad central española en materia de cooperación jurídica, de intensificar la colaboración entre los intervinientes en procedimientos transnacionales mediante mecanismos estables de coordinación.

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE ESPAÑA A LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO (OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP)

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo sobre la contribución voluntaria de España a la Alianza para el Gobierno Abierto, por un importe de 49.700 dólares.

España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el año de su creación en 2011. La Alianza cuenta con 79 países integrados y busca que los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

Desde 2011 España ha presentado tres planes de gobierno abierto siguiendo las guías y recomendaciones de la Alianza, y ha recibido soporte y asesoramiento de forma continuada.

La contribución financiera de España hace posible el derecho a voto y formar parte del Comité de Dirección, con una mayor presencia, capacidad de influencia y peso de nuestro país en esta Institución de referencia a nivel internacional.

  • AYUDAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se aprueban las bases que regularán las convocatorias para la concesión de ayudas para actuaciones de mejora de la eficiencia energética y reducción del consumo de energía final en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector industrial, que representan el 25% del consumo final de energía del Estado. En concreto, se destinan 307.644.906,00 euros, procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que se nutren con aportaciones de las empresas comercializadoras de electricidad. Las ayudas pueden ser cofinanciadas por aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El presente programa de ayudas busca contribuir a lograr objetivos de reducción del consumo de energía final que fija la Directiva 2012/27/UE. En su artículo 7, esta norma comunitaria señala el objetivo de alcanzar un ahorro de energía final de 15.979 toneladas equivalentes de petróleo (ktep) en 2020 para todos los sectores, incluido el de la industria. A 31 de diciembre de 2018, esta cifra se situaba en 11.824 ktep, lo que representa el 74% del objetivo.

En concreto, las acciones que serán financiables deben ir destinadas a la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales o la implantación de sistemas de gestión energética.

El programa de ayudas, que coordina por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), será gestionado directamente por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán publicar convocatorias en sus respectivos territorios para el reparto de los importes que tienen asignados en sus respectivos territorios, y que fueron consensuados previamente con el Gobierno en la Conferencia Sectorial de Energía, celebrada el pasado 25 de febrero.

La distribución de los fondos es la siguiente:

  • Andalucía: 73.778.059,68€
  • Aragón: 10.562.941,35€
  • Principado de Asturias: 4.779.747,67€
  • Illes Balears: 1.602.277,30€
  • Canarias: 2.580.302,51€
  • Cantabria: 4.105.555,15€
  • Castilla y León: 32.362.793,24€
  • Castilla - La Mancha: 9.930.916,48€
  • Catalunya: 49.493.353,71€
  • Comunitat Valenciana: 31.191.038,12€
  • Extremadura: 2.032.533,55€
  • Galicia: 16.629.395,16€
  • Comunidad de Madrid: 23.730.319,46€
  • Región de Murcia: 21.850.472,58€
  • Comunidad Foral de Navarra: 4.688.201,42€
  • Euskadi: 15.321.804,01€
  • La Rioja: 2.865.733,89€
  • Ceuta: 74.665,11€
  • Melilla: 64.795,60€

Este es el tercer programa de ayudas de este tipo, tras las convocatorias de 2015 y 2018, que tuvieron una dotación conjunta de 283 M€ y han financiado a más de 1.000 proyectos.

Transcurridos dos meses desde la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, las comunidades y ciudades autónomas dispondrán de otros dos meses para poder publicar sus correspondientes convocatorias de ayudas. Los solicitantes recibirán la financiación de forma directa, en orden de prelación, si cumplen con las condiciones fijadas en la norma.

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