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Destacados Agenda 2030 del Consejo de Ministros del 05.04.19

Abril 05/Noticia

En esta publicación semanal, encontrarás las políticas y medidas vinculadas al compromiso de España con la Agenda 2030 de los correspondientes Consejo de Ministros. 

  • APROBADA LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 2019-2024

-       La Estrategia contempla un diagnóstico de la situación, establece la primera definición oficial de pobreza energética y objetivos de reducción a 2025: al menos un 25%, con la meta de alcanzar una reducción del 50%.

-       Se establecen cuatro indicadores de la situación de pobreza energética, que deberán ser actualizados anualmente. Según el indicador empleado, entre 3,5 y 8 millones de personas se encuentran en situación de pobreza energética en nuestro país.

-       La estrategia planeta 4 ejes de actuación con 19 acciones concretas. Entre ellas, la creación de un nuevo bono social energético, universal-para todos los suministros- y de concesión automática.

-       Se prohíbe el corte de suministro en situaciones climatológicas extremas y se amplía en cuatro meses el periodo previo a que la empresa suministradora corte el servicio por impago. En esos cuatro nuevos meses, el usuario recibirá un suministro mínimo vital.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Este instrumento, dividido en cuatro ejes de actuación y 19 medidas, ofrece por primera vez una definición oficial sobre la pobreza energética, establece indicadores para su seguimiento -que determinan que, en la actualidad, existen entre 8,1, y 3,5 millones de personas que cumplen algunos de los criterios- y objetivos para su reducción a 2025: una meta del 50% y, al menos, una disminución del 25%.

Para ello, entre otras medidas, se fijan las líneas del futuro bono social energético, que deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro; y se plantean acciones a corto, medio y largo plazo para la rehabilitación energética de viviendas y de sustitución de antiguos electrodomésticos y equipos por aparatos eficientes. Asimismo, se prohíbe la interrupción de suministro energético en situaciones meteorológicas extremas a consumidores vulnerables, cuestión que se suma a las restricciones de corte ya existentes sobre consumidores vulnerables y preceptores del actual bono social eléctrico en cuya vivienda viva al menos un menor de 16 años, una persona con una discapacidad superior al 33% o una persona en situación de dependencia de grado II ó III.

PRIMERA DEFINICIÓN OFICIAL

La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía, por tanto, puede manifestarse a través de una multiplicidad de realidades que van desde la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar a un gasto energético desproporcionado en relación con el nivel de ingresos.

CUATRO INDICADORES

Para analizar y realizar un seguimiento adecuado de las diversas tipologías de pobreza energética, el texto adopta los cuatro indicadores primarios oficiales del Observatorio Europeo contra la pobreza energética:

1.Gasto desproporcionado (2M): porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional.

2.Pobreza energética escondida (HEP, en su acrónimo inglés): porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional.

3.Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

4.Retraso en el pago de las facturas: porcentaje de población que tiene retrasos en el pago de facturas de los suministros de la vivienda.

En base a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2017, 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas.

 

Resultado general: situación de la pobreza energética en España (%)

INDICADOR (% población)

2008

2014

2015

2016

2017

GASTO DESPROPORCIONADO (2M)

15,9

16,6

16,6

16,7

17,3

POBREZA ENERGÉTICA ESCONDIDA (HEP)

14,6

13,2

12,2

12,6

11,5

TEMPERATURA INADECUADA DE LAVIVIENDA EN INVIERNO

5,9

11,1

10,6

10,1

8,0

RETRASO EN EL PAGO DE LAS FACTURAS

4,6

9,2

8,8

7,8

7,4

OBJETIVOS DE REDUCCIÓN

Para cada uno de los indicadores, la Estrategia establece un objetivo de reducción mínimo del 25% en 2025 y se fija como meta a alcanzar una disminución del 50%.

INDICADOR

2017

0BJETIVOMÍNIMOPARA 2025

OBJETIVOBUSCADOPARA 2025

GASTO DESPROPORCIONADO (2M)

17,3

12,9

8,6

POBREZA ENERGÉTICA ESCONDIDA (HEP)

11,5

8,6

5,7

TEMPERATURA INADECUADA DE LAVIVIENDA EN INVIERNO

8,0

6

4,0

RETRASO EN EL PAGO DE LAS FACTURAS

7,4

5,5

3,7

PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE POBREZA ENERGÉTICA

La Estrategia establece cuatro ejes de actuación que recogen 19 medidas con el objeto de lograr las mencionadas metas de reducción.

El primer eje está destinado a mejorar el conocimiento de la pobreza energética a través de un estudio de detalle del gasto energético de los consumidores según la zona climática en la que habiten. Para ello, se analizará permanentemente un panel de hogares vulnerables. La tipología climática de España es muy variada y puede darse el caso de que, en la misma provincia, se concentren diferentes zonas climáticas. Por ejemplo, en Almería las diferencias climáticas entre municipios pueden llegar a ser el del 100% según su nivel sobre el mar. El estudio también prestará especial atención a la perspectiva de género y a la presencia de menores en la vivienda.

Además, la Estrategia establece la obligación de que el Gobierno de España actualice los indicadores anualmente, publicando los resultados a más tardar el 15 de octubre de cada año.

NUEVO BONO SOCIAL ENERGÉTICO

El texto repasa las dificultades y obstáculos que presenta la actual configuración del bono social eléctrico, que en 2018 se vio complementado con un bono térmico para ayudar a sufragar gastos de calefacción durante el invierno. Concluye el documento que es preciso elaborar un nuevo bono social y marca los tres elementos que deberán guiar su futura configuración:

-       Universalidad de fuentes de suministro: la ayuda será integral para el conjunto de los suministros energéticos, tanto eléctricos como térmicos, incluyendo aire acondicionado en determinadas zonas climáticas, agua caliente sanitaria y cocina.

 

-       Automatización: a través de la colaboración entre administraciones, se fijarán criterios para favorecer la concesión directa de la ayuda. El criterio de renta será el principio básico pero se tendrán en cuenta un conjunto de cuestiones en función de la situación de los perceptores o su unidad familiar, o la zona climática donde se ubique la vivienda.

 

-       Gestión coordinada con otras administraciones públicas. En la implementación de los mecanismos prestaciones que se diseñen, todas las administraciones tendrán un papel relevante, que ejercerán de manera coordinada en el ámbito de sus competencias.

RESTRICCIONES AL CORTE DE SUMINISTRO

La Estrategia prohíbe cortar el suministro en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío o de calor. Esta restricción se suma a las ya existentes: no es posible cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.

Además, el documento amplía el periodo previo al corte de suministro en caso de impago. Hasta ahora, para los consumidores vulnerables acogidos al bono social de electricidad, la normativa habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio. La Estrategia aumenta el plazo otros 4 meses, durante los cuales el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad.

REHABILITACIÓN: UN CAMBIO ESTRUCTURAL

El objetivo de la Estrategia es ampliar paulatinamente el peso de las medidas estructurales frente a las prestacionales -bonos sociales- para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural. Por ello, centra uno de sus ejes en medidas de rehabilitación y de eficiencia energética corto plazo, medio y largo plazo.

En primer término, se potenciará las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda…); a medio plazo se apuesta por el fomento de parque de vivienda en alquiler social con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables; y se incentivará la sustitución de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas por otros dispositivos más eficientes energéticamente mediante subvenciones.

A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios, teniendo en cuenta criterios ambientales y sociales, tales como a perspectiva de género, la utilización de materiales sostenibles o la accesibilidad y; se podrán identificar aquellas edificaciones con peor comportamiento energético derivado de sus características constructivas, en el marco de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España, del Ministerio de Fomento. El cruce de esta información con los indicadores de situación de vulnerabilidad permitirá proponer medidas específicas para este tipo de comunidades.

PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL

El último eje de la Estrategia está referido a medidas de protección a los consumidores y concienciación social. Incluye una línea centrada la actuación de los profesionales que trabajan parta atajar la pobreza energética. Entre otras actuaciones, se elaborará un protocolo de actuación para detectar situaciones de vulnerabilidad por parte de los profesionales de atención primaria; y se homogeneizará la gestión de información sobre prestaciones públicas buscando que esta información se incorpore a la ya existente tarjeta social universal, que gestiona el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En el ámbito de la concienciación ciudadana, se desarrollarán acciones de comunicación sobre el uso de contadores inteligentes para que la ciudadanía conozca las posibilidades de ahorro y eficiencia que ofrecen; se ofrecerá información sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de eficiencia y se establecerá un canal de comunicación permanente con los sujetos y colectivos interesados. De hecho, el texto plantea la creación de un espacio web que funcione como punto de acceso general de información sobre pobreza energética.

Por último, la Estrategia prevé la inclusión de la perspectiva de pobreza energética en la las modificaciones que se realicen en la normativa que afecte a consumidores energéticos.

La elaboración y aprobación de la Estrategia se realiza en cumplimiento del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

  • REGULADAS LAS CONDICIONES DEL AUTOCONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo en España. Esta norma completa el marco regulatorio sobre esta cuestión, impulsado por el Real Decreto-ley 15/2018 por el que se derogó el denominado impuesto al sol, y aporta certidumbre y seguridad a los usuarios. Entre otras medidas, el Real Decreto habilita la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales; reduce los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores, y establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida.

El Real Decreto hace viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación que, hasta el momento, no estaban contempladas. Tal y como señala la exposición de motivos del Real Decreto, el impulso del autoconsumo tendrá un "efecto positivo sobre la economía general, sobre el sistema eléctrico y energético y sobre los consumidores".

Entre otras cuestiones, la extensión de esta fórmula fomentará la actividad económica y el empleo local, por su carácter distribuido; favorecerá la electrificación de la economía, permitiendo a España cumplir con sus obligaciones en materia de lucha contra el cambio climático; ofrecerá una alternativa a los ciudadanos, que puede ser más ventajosa económicamente que el consumo de energía tradicional; y permitirá la entrada de nuevos actores, y de la propia ciudadanía, en el sistema eléctrico.

El Real Decreto clasifica y define las distintas clases de autoconsumo. Hasta el momento, solo existía una posibilidad, el autoconsumo individual conectado a una red interior.

Con la nueva norma, se consagra la figura del autoconsumo colectivo, de tal forma que varios consumidores puedan asociarse a una misma planta de generación, hecho que impulsará el autoconsumo en comunidades de propietarios o entre empresas o industrias ubicadas en una misma localización.

Además, se define el concepto de "instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas". Con esta figura, se permite realizar el autoconsumo tanto con instalaciones de generación situadas en la misma vivienda -única posibilidad contemplada hasta la fecha-, como en otras que estén ubicadas en las proximidades. Así, por ejemplo, se podrán instalar placas fotovoltaicas en edificios contiguos que tengan mejor orientación, siempre que haya acuerdo entre las partes.

Compensación de excedentes

Otra de las novedades del Real Decreto es la implantación de un mecanismo simplificado de compensación de excedentes, esto es, de aquella energía generada por instalaciones de autoconsumo y que el usuario no consume instantáneamente.

Hasta el momento, si el autoconsumidor quería obtener una compensación por esta energía que se inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía, realizando los trámites y declaraciones fiscales que la ley exige. Con el Real Decreto aprobado hoy, la comercializadora de energía compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura mensual.

Este mecanismo es aplicable para aquellas instalaciones con una potencia no superior a 100 kilovatios (kW) y siempre que produzcan electricidad a partir de energía de origen renovable.

La compensación económica puede llegar hasta el 100% de la energía consumida por el usuario en ese mes.

Por otro lado, y en el caso del autoconsumo colectivo, el Real Decreto también abre la puerta a que un consumidor pueda aprovechar los excedentes de su vecino y coparticipe de autoconsumo, si éste no está consumiendo su parte proporcional de energía.

Con el objeto de impulsar el desarrollo del autoconsumo y ofrecer facilidades a la ciudadanía, la norma abre la posibilidad de que todas las comercializadoras puedan ofrecer servicios de autoconsumo renovable. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha validado esta medida, supervisará la evolución del mercado y, en caso de que surjan problemas de competencia, podrá proponer al Gobierno el establecimiento de restricciones a determinadas compañías.

Simplificación administrativa

El Real Decreto reduce los trámites administrativos para todos los usuarios. En el caso del pequeño autoconsumidor (instalaciones de hasta 15kW o de hasta 100kW, en caso de autoconsumo sin excedentes), se reducen a una única gestión: notificar la instalación de una planta de producción eléctrica en su correspondiente comunidad o ciudad autónoma. El registro estatal se nutrirá de la información remitida por las administraciones autonómicas. Además, para las instalaciones de menos de 100kW en baja tensión, las administraciones recabarán información a partir de los datos del certificado electrotécnico de la instalación.

Asimismo, se articula un procedimiento para que sea el distribuidor quien modifique el contrato de acceso de los pequeños consumidores que realicen autoconsumo y éste solo tenga que manifestar su consentimiento.

De igual modo, se simplifican drásticamente las configuraciones de medida para que, en la mayoría de los casos, baste con un solo contador en el punto frontera con la red de distribución, lo cual supone una reducción de costes.

En el caso de autoconsumo colectivo, también será necesario medir la energía generada con otro equipo para hacer el "reparto de energía" entre los consumidores participantes.

Desde el punto de vista de la seguridad industrial, se modifica el reglamento electrotécnico de baja tensión para regular los dispositivos antivertidos y los kits autoenchufables, garantizando que el desarrollo del autoconsumo es compatible con la protección de las personas y equipos.

  • APROBADO EL PLAN REINCORPORA-T PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

·       El objetivo es prevenir y reducir la tasa de paro de larga duración hasta el 4,3% en el cuarto trimestre de 2021, lo que supondría una reducción neta de 422.100 parados de larga duración.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Trienal (2019-2021) para prevenir y reducir el desempleo de larga duración. El objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y desarrollar acciones preventivas para evitar la caída en situaciones de paro de larga duración.

Un Plan justificado por la elevada tasa de paro de larga duración, del 6,8% según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2018 y que duplica la tasa de la Unión Europea (UE), situada en el 2,8%.

De este modo, uno de los objetivos del Plan Reincorpora-t es reducir la tasa de paro de larga duración en 2,5 puntos, hasta el 4,3% en el cuarto trimestre de 2021, lo que supondría una reducción neta de 422.100 personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años, -de 1.272.100 a 850.000.

Otro de los objetivos del Reincorpora-t es disminuir a la mitad la actual brecha de género entre hombres y mujeres desempleados de larga duración, reduciéndola desde 11,6% actual hasta el 5,3%. Esto supondría reducir el paro de larga duración en 259.700 mujeres y 162.800 hombres.

Asimismo, rebajaría el número de desempleados de más de 24 meses en un 12%, lo que supondría para el cuarto trimestre 2021 una reducción en 361.819 personas desempleadas.

Este plan tiene un enfoque integral y transversal y se ha elaborado con la participación y las aportaciones de otros Ministerios (Política Territorial y Función Pública; Industria, Comercio y Turismo; Educación y Formación Profesional; Economía y Empresa), la Alta Comisionada para el Reto Demográfico; de las comunidades autónomas, los Agentes Sociales (CC.OO, UGT, CEOE y Cepyme), y Entidades Sociales, como el Consejo de la Juventud de España.

Todas las medidas que representan ejecución y consecuente gasto en políticas activas de empleo, conforme impone el necesario respeto del reparto competencial entre Estado y CC.AA., se acordarán en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo, en coordinación con dichas CCAA, que reciben los fondos del Ministerio de Trabajo, Migraciones Y Seguridad Social a través de la respectiva Conferencia Sectorial.

El Plan tiene una financiación estimada de 1.313 millones de euros en tres años, que parten del Presupuesto ya comprometido para políticas activas de empleo de la CC.AA. La dotación supondrá una reorientación de las políticas dirigidas a las personas desempleadas para incidir en un colectivo muy vulnerable y con especiales dificultades de reincorporación laboral. Se obtendrá principalmente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Estas medidas complementan las ya aprobadas para la recuperación de la protección por subsidio para mayores de 52 años y la cotización de personas dedicadas a labores de cuidado familiar.

Un conjunto de 63 medidas

El Plan Reincorpora-t 2019-2021 se vertebra en un conjunto de 63 medidas, algunas ya en marcha, distribuidas en seis ejes: Orientación, Formación, Oportunidades de Empleo, Igualdad, Emprendimiento y Mejora del marco institucional.

Con un total de 16 medidas se sostendrá el eje de Orientación, cuyos criterios serían una mayor personalización de los procesos de atención de las personas desempleadas, destacando, en este punto, la mejora de la red de orientadores. Para ello, la red de 3.000 personas profesionales de orientación -creada en el marco de los Servicios Públicos de Empleo como consecuencia del Plan de Choque para el Empleo Joven-, atenderá también, como colectivo prioritario, a las personas desempleadas de larga duración.

En el eje de Formación, las siete medidas están orientadas a personalizar los procesos de formación, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de competencias clave y digitales, así como actuaciones específicas para desempleados de más de 24 meses que sufren una mayor falta de motivación e inseguridad ante una posible reincorporación laboral.

En Oportunidades de Empleo, las 23 medidas pretenden lograr el compromiso social de las empresas y el impulso de políticas activas para incentivar la contratación de parados de larga duración. Entre otras medidas, se articulará un sistema que genere un valor añadido mediante el incremento del crédito formativo para las empresas de contraten y mantengan de forma estable (más de un año continuado de trabajo) a un porcentaje de desempleados de larga duración superior al 10%.

En la Igualdad de Oportunidades, con tres medidas, se buscará disminuir la brecha laboral de género, con apoyos específicos en el ámbito rural y de los cuidados en el entorno doméstico.

En el ámbito local, se desarrollarán medidas para apoyar el mantenimiento y la llegada de población al medio rural. En ese sentido, se potenciará el fomento del emprendimiento, se incentivarán proyectos relacionados con el medio ambiente y contra el cambio climático y se estudiarán medidas de incentivo a la incorporación de trabajadores jóvenes y mujeres en el sector agropecuario y artesanal.

Las seis medidas de Emprendimiento se orientarán a promocionar el autoempleo, aprovechando la amplia experiencia profesional de buena parte de las personas desempleadas de larga duración, el emprendimiento colectivo, las iniciativas de desarrollo local y de economía sostenible.

Y, por último la Mejora del Marco Institucional, de cuyas ocho medidas destaca la de reforzar la coordinación con los Servicios Sociales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la mejora en los Servicios de Empleo.

  • RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que procede a aprobar la asignación individual de derechos de emisión al sexto conjunto de nuevos entrantes del período 2013-2020.

El cálculo de las asignaciones se ha realizado aplicando la metodología establecida en la Decisión 2011/278/UE, así como las guías interpretativas elaboradas por la Comisión Europea. Asimismo, se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 19 de la mencionada Ley 1/2005, que incluye consulta a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, trámite de información pública, aprobación de las asignaciones preliminares por parte de la Comisión Europea y elevación al Consejo de Ministros a propuesta de las actuales Ministras para la Transición Ecológica; de Economía y Empresa; y de Industria, Comercio y Turismo.

El Acuerdo contiene un anexo con las asignaciones a los 19 proyectos que constituyen este sexto grupo de nuevos entrantes del período 2013-2020, de los que 13 corresponden a ampliaciones de instalaciones existentes y 6 a nuevas instalaciones. Las asignaciones propuestas totalizan unos 4,3 millones de derechos, de los que 1,2 millones se toman de la reserva de nuevos entrantes. El resto, unos 3,1 millones, es lo que ya tenían asignado las instalaciones existentes que ahora amplían su capacidad.

La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, reguladora del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, establece una reserva de derechos para su asignación gratuita a nuevos entrantes: nuevas instalaciones industriales y ampliación de existentes. Esta reserva para nuevos entrantes asciende a unos 480 millones de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para 2013-2020 para el conjunto de la UE.

Las reglas de asignación, comunes para todas las instalaciones dentro de la UE, han sido establecidas por la Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, siendo de aplicación a nivel nacional, la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y el Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos relativos a la asignación de derechos de emisión.

El 25 de abril de 2014, el 10 de abril de 2015, el 22 de abril de 2016, el 21 de abril de 2017 y el 13 de abril de 2018, el Consejo de Ministros adoptó la asignación individual de derechos de emisión a un primer, segundo, tercer, cuarto y quinto conjunto, respectivamente, de instalaciones que habían solicitado asignación como nuevos entrantes del período 2013-2020. En total, por esta vía se han asignado 19,3 millones de derechos de emisión a 69 nuevos entrantes.

  • PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO

El Consejo de Ministros ha autorizado la participación de España en las ampliaciones de capital general y selectiva del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), del Grupo Banco Mundial por importes de 105.989.911 $ y 31.435.068 $.

El Banco Mundial (BM) junto al FMI forma parte del núcleo institucional de la gobernanza mundial. Además de su liderazgo en las políticas y la financiación para la cooperación internacional al desarrollo, el BM desempeña un papel clave en la coordinación de la respuesta a grandes desafíos como la lucha contra el cambio climático, las migraciones, la gestión de crisis naturales o financieras o la brecha de género, entre otros.

Esta ampliación de capital se enmarca en el compromiso de España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de NACIONES UNIDAS. La cooperación económica y financiera española para el desarrollo se canaliza, entre otros instrumentos, a través de las Instituciones Financieras Multilaterales (IFMs) de las que España es miembro. Así, las contribuciones de los países donantes a las IFMs son un elemento esencial para la financiación del desarrollo de los países más pobres y con peor acceso a los mercados de capitales.

Lee aquí la referencia completa del Consejo de Ministros

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